El estado de derecho, la institucionalidad, la democracia, están en riesgo siempre, por razones diversas y corresponde a todos el velar por mantener esos valores. Hoy, las autoridades del sistema electoral son los principales causantes de ese riesgo al pretender desoír la demanda de cerca del 50% de la población del país, representada por sí misma en sendas marchas, por ilustres abogados apoyados en la Constitución y en análisis estadísticos de los resultados en mesas de sufragio, por comunicadores y analistas así como por diversas personalidades, que no cesan de hacer ver las inconsistencias halladas en mesas en diferentes puntos del país.

Del otro lado también hay fuerzas que dicen que ya ganó el candidato y se comportan como si así fuera, apelando al resultado del conteo de votos, habiendo habido sin embargo, impugnaciones, observaciones y nulidades que no quieren considerar porque ponen el resultado final de la elección en pendiente. Y su deseo es, finalmente, que la izquierda gobierne al país y reivindique a tantos pueblos olvidados durante nuestra vida republicana. Una cosa es el deseo y otra cosa es el resultado.

Este conteo de votos está siendo cuestionado por las múltiples evidencias del manejo sospechoso en mesa, y ahora el ente que debe asegurar constitucionalmente que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos (Art. 176) apela a cuestiones de forma y no de fondo para impedir la revisión del padrón electoral o lista de electores, a través del cual podría sincerarse el número de votantes por mesa (firmantes) y compararlo con el número de votos por acta (registrado por los miembros de mesa); esta negativa a la revisión, que lógicamente induce a sospecha, no debería prevalecer, pues vivimos en ese estado de derecho que sobre todo las autoridades deben defender y sería la manera idónea para dilucidar y luego legitimar los resultados, con transparencia.

Es cierto que el fujimorismo no fue ejemplo de respeto del estado de derecho, pero eso no debería significar desconocer ese respeto para emparejar la situación con los que buscan reivindicar su posición ahora. Se trataría de codicia del poder y no de afán de gobernar por un Perú mejor. ¿Qué Perú mejor puede pretender un gobernante que hace tabla rasa de los principios democráticos que deberá defender para asegurar la convivencia, sobre todo ahora, que la sociedad se muestra polarizada?